¿Cómo es posible que un hecho tan intrínsecamente democrático, como es una consulta popular, sea visto como algo negativo? Para responder a esta cuestión, es recomendable partir de un supuesto obvio: la democracia es redefinida constantemente. Pero, ¿esos intentos de dotar de nuevos significados al término son neutros? Evidentemente no. En muchas ocasiones lo que se hace realmente es tomar determinados rasgos del sistema actual, y después moldear la definición de democracia para que encaje con estos rasgos. Así pues, se consigue eliminar cualquier atisbo de incompatibilidad entre nuestras instituciones y el propio término. Sin embargo, la democracia se encontraba ya definida antes de nuestros sistemas, por lo que ese tipo de razonamientos no dejan de resultar falaces. De esta manera, se ha construido una “democracia” fundamentalmente mediática, desde la cual es posible defender pseudo coherentemente que la celebración de un referéndum no resulta del todo conveniente.
Por consiguiente, cuando el gobierno heleno decide preguntar a sus ciudadanos si aceptan unas determinadas condiciones político – económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, da la sensación que están lanzando un desafío inaceptable. No obstante, lo que se está planteando es muy sencillo: el gobierno de turno no se siente legitimado para tomar una decisión de tanta importancia. Frente a ello, se articula una respuesta casi unánime de rechazo a estos procedimientos, la cual implícitamente permite observar que, una vez más, hay otras prioridades por encima de la democracia.
En cualquier caso, conviene dejar romanticismos a un lado para tratar de abordar el tema con la profundidad que requiere. Hay varios países y organizaciones que han dejado dinero a Grecia, y es sensato que éstos reclamen el pago de su deuda. Pero, en este caso hay un matiz importante, como es el dilema moral que presenta el hecho de que aunque el dinero prestado haya sido gestionado por los gobiernos griegos de turno, las consecuencias sociales que se preguntan en el referéndum (subida de la edad de jubilación o del IVA, entre otras) serían soportadas por el conjunto de la población.
Asimismo, también bajo este matiz, es posible poner de manifiesto el propio carácter de justicia que alberga el referéndum. ¿En qué sentido? En tanto en cuanto que en este referéndum subyace otra cuestión, como aquella que reconoce que los griegos tengan la posibilidad de elegir si desean responder subsidiariamente de cómo sus representantes (elegidos también por ellos) han gestionado el capital del Estado al que pertenecen. En este sentido, se arguye que, en los sistemas representativos actuales, las elecciones son el mecanismo por el cual los gobernantes rinden cuentas ante su población. A pesar de que esa premisa sea cierta, es solidario ofrecer a los ciudadanos posibilidades de suavizar el impacto que esas decisiones pasadas de sus políticos, vayan a tener ahora en sus condiciones de vida.
Por otro lado, las reformas que se exigen a Grecia, como es conocido, son más ideológicas que técnicas. Por tanto, en todo este entramado existe otra finalidad, como es la de experimentar acerca de un modelo de Estado mínimo, en todos aquellos países que puedan necesitar ayuda; tal y como se hizo en Latinoamérica hace pocos años. El mayor precio político y social de esos créditos es que el país en cuestión pasa a ser un laboratorio económico. No obstante, en Grecia, al contrario que en España, donde sí se aceptaron esas condiciones, parece haber una oposición política a que experimenten con ella.
Debido a esas razones, la celebración del referéndum no es algo deseable. Por ello, actualmente están desfilando muchos motivos que desaconsejan que éste se lleve a cabo, entre los que destaca el que hace referencia a la complejidad de la economía. Sin embargo, en un sistema que aspira a ser democrático debe consultarse a la población con frecuencia, aunque sean temas complicados y de importantes repercusiones, ya que la ciudadanía debe tener un papel activo. La aceptación de que existan asuntos que por su dificultad no deben someterse a escrutinio público, supone también aceptar una democracia recortada. Puesto que, la política también es un aprendizaje continuo, basado en un proceso de toma de decisiones. Ahora bien, si esas decisiones son tomadas por una minoría no estaremos ante una democracia, sino ante una oligarquía. ¿Y será posible hablar de democracia cuando la riqueza sea la fuente de poder? Tampoco, pues en ese caso el régimen político sería plutocrático. Por consiguiente, en estos momentos, ¿dónde reside el verdadero poder?, ¿sería posible hablar de democracia?
