¿Qué piensan si les digo que los desahucios son favorables? ¿Y si les digo que estoy a favor de los desahucios? Posbilemente haya perdido casi toda la credibilidad del artículo con las dos preguntas anteriores pero dejadme justificar el motivo por el cual formulo estas preguntas.
Actualmente nadie pasa de largo el asunto de los desahucios y por ello me gustaría explicar por qué existen los desahucios. En España dos de cada tres desahucios se producen por el impago de alquiler. Es decir, nosotros poseemos una vivienda que decidimos alquilar y nuestros inquilinos, por motivos que desconocemos, no nos pagan el alquiler acordado. Para esto está la ley de desahucios, para que nosotros como dueños de esa vivienda, podamos expulsar a los inquilinos de nuestra propiedad. En otras palabras, es una manera de proteger al acreedor ante los impagos del deudor. Por esta razón, estoy a favor de los desahucios pero también reconozco que habría que ajustarlos.
Es bochornoso que en un país desarrollado como España haya gente que no pueda pagarse una vivienda y tenemos que acabar con esta situación. Pero, señores políticos, esto no se arregla metiendo a gente con problemas de pago en una propiedad que su propietario ha adquirido de manera lícita.
Por tanto, estoy a favor de los desahucios pero también pienso que hay que regularlos y para eso tenemos a 450.000 políticos (nuestra querida referencia Alemania sólo tiene 100.000 políticos y tiene 34 millones de habitantes más que España) que deberían estudiar minuciosamente la manera de modificar la ley de los desahucios, pero derogarla sería un gran error.
Según algunas personas experimentadas en el tema, como el cofundador del portal inmobiliario Idealista, advierten que una ley anti-desahucios "haría desaparecer las viviendas de alquiler en dos semanas".
En Venezuela ya se intentó la paralización de los desahucios en 2011 y el resultado fue devastador. La Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas de Venezuela (así era el nombre de dicha ley), en la que se estableció que "no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser éste un derecho de interés social e inherente a toda persona". Cuatro años después de la implantación de esta ley, el 99% de los propietarios ha decidido no alquilar sus viviendas por miedo a no poder recuperar su vivienda en caso de que sus inquilinos no le paguen.
En definitiva, el debate está abierto y todavía queda mucho camino por recorrer para que no haya gente con problemas de pago y para que, tanto acreedores como deudores, estén satisfechos con una ley que proteja a ambas partes.
