La primera víctima de la "Ley Mordaza" es de Tenerife
Vehículo de la Policía Local de Güímar | Fotografía: Jonay Rodríguez - La Opinión

El pasado 22 de julio por la mañana, un joven de 27 años realizó unos comentarios en el Facebook oficial de la Alcaldesa del municipio tinerfeño de Güímar. Ese mismo día por la tarde, una pareja de la Policía Local del municipio se personó en su vivienda para entregarle una multa. El afectado se llama Eduardo D. y es miembro de un grupo satírico que analiza el día a día del municipio en su página de Facebook: La franja de Guaza. Lo que menos se esperaba es que sus actos fueran a tener tales consecuencias.

Ese día, la página de la Alcaldesa de Güímar informaba del traslado de la sede de la Policía Local del municipio al edificio donde, hasta ahora, se encontraba el Patronato de Servicios Sociales. Estos serían trasladados a las Casas Consistoriales. Sin embargo, a Eduardo no le gustó la idea y quiso dejar su opinión por escrito en dicha publicación. Primero llamó "cracks" a los miembros del cuerpo municipal de la policía, de los que dijo que, aun teniendo como trabajo salvar pichones y gente atrapada en los baños, iban a tener unas instalaciones más grandes que las de la Guardia Civil.

Llamó "cracks" a los miembros del cuerpo municipal de la policía  

Posteriormente, los calificó de "casta de escaqueados, bien acomodados en convenios y estatutos". Todo ello antes de preguntarse si el Ayuntamiento tendría el expediente necesario para realizar el cambio de función de un edificio público. El mensaje de la discordia sigue todavía en la página oficial de la Alcaldesa y Eduardo, lejos de querer quitarlo, ha dicho que no se escaqueará de lo ocurrido, pero que tendrá más cuidado en futuras publicaciones.

El documento que le entregó la policía anunciaba que el joven se enfrentaba a una sanción administrativa por "hacer comentarios faltando el respeto y la consideración de la Policía Local de Güímar a través de las redes sociales (Facebook)". Aquí adjunto los tres comentarios que posteara Eduardo y que le han causado ser juzgado, uno de los primeros afectados, por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

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