Todo comienza un 19 de febrero de 2019. El Valencia, que por aquel entonces estaba comenzando a remontar en Liga de la mano de Marcelino y tenía en el horizonte la vuelta de la semifinal de Copa ante el Betis (2-2 en la ida en el Villamarín), conoce por primera vez que la Supercopa del próximo curso se jugaría en formato Final Four. En aquel momento, y tras el pase de los ché a la final tras vencer en Mestalla con gol de Rodrigo, Anyl Murthy y Mateu Alemany anuncian con varios comunicados y ruedas de prensa que el club pediría explicaciones a la RFEF debido al incumplimiento de la normativa de la Supercopa en términos de méritos deportivos. Consideraban que el club se había ganado el derecho de participar en una final a partido único contra el campeón de Liga (que posteriormente fue el Barça), ya que cuando se inició la Copa la normativa no había cambiado. A pesar de que el Barça y Javier Tebas también mostraron su malestar por aquella decisión de Rubiales, el formato de la competición siguió adelante con el beneplácito del Consejo Superior de Deportes y de Atlético y Real Madrid, que se encontraron con la opción de optar a un título tras haber quedado 2º y 3º en Liga respectivamente.

La cosa no quedó ahí. Unos meses antes de que la Supercopa arrancase, la RFEF comunicó a los clubes participantes el reparto económico por competir en Arabia Saudí. Para sorpresa del Valencia, de los cuatro equipos mencionados era el que menos ingresos iba a percibir de una competición que se había ganado a pulso disputar. Tan solo 2,5 millones irían para las arcas del club, una cantidad muy inferior a las que ganarían Atleti (4) y Real Madrid y Barça (ambos 6,8). Como era de esperar, el Valencia no solo no firmó el acuerdo, sino que llevó a juicio a Rubiales. Una demanda de la que todavía no hay sentencia.

Por si no fuera poco con esto, las distancias entre Valencia y RFEF se han hecho cada vez más grandes a raíz de los arbitrajes que está recibiendo el equipo desde el inicio de la pasada temporada. El club ché fue, junto con el RCD Mallorca, el equipo que más puntos perdió (hasta 6) la pasada Liga debido a decisiones de VAR. Unos puntos que no hubiesen arreglado la desastrosa temporada del equipo, que fue a la deriva tras las decisiones que tomó la directiva durante el año.

La última disputa entre ambas instituciones viene debido a dos motivos de actualidad. La derrota ante el Celta el pasado sábado escoció mucho debido a que las decisiones arbitrales no acompañaron al equipo en Balaídos. En concreto hasta tres de ellas: el gol de Iago Aspas que el VAR declaró válido (en televisión no se mostraron imágenes de la jugada, que previamente había sido anulada), una falta dudosa de Esquerdo que supuso el segundo gol celtiña y un posible penalti de Aidoo sobre Manu Vallejo en los minutos finales. Por todo ello el Valencia ha solicitado a la RFEF los audios e imágenes del VAR durante esas acciones, algo que no ha gustado a Rubiales, que considera que se pone en duda la integridad del cuerpo arbitral con este tipo de acciones. Por otro lado, el Valencia ha hecho público en estos días que la demanda que impuso a la RFEF, entre otras cosas, se debe a que según el club falta un pago de 1,7 millones por derechos comerciales de la Supercopa. Un dinero que la RFEF todavía no ha pagado porque asegura que el Valencia no firmó ese trato debido a las diferencias que mostró en su momento por el reparto económico de la competición.

Sin duda alguna el enfrentamiento que viven ambas entidades se puede palpar y en los próximos meses la brecha puede hacerse más grande de lo que ya es. En todo caso, el Valencia debería dejar a un lado pugnas que lo único que hacen es restar tiempo y esfuerzos a la planificación deportiva, que hasta el momento se puede calificar como temeraria.