El ojo del huracán se vuelve a situar en Sevilla, capital de Andalucía y recientemente de la polémica también, pues los dos grandes equipos de la ciudad se han visto afectados por las arbitrarias decisiones tomadas por la RFEF. La clave del problema no es en sí las sanciones impuestas, sino la falta de criterio de la federación para imponer las mismas a todos los clubes cuando se producen los mismos hechos.
El reciente escándalo arbitral que rodea al fútbol español tampoco está contribuyendo de manera positiva al escenario, mientras los asistentes al espectáculo ya avistan una posible indiferencia de la RFEF ante otra irregularidad más que mancha el nombre de una institución tan grande como es la del Fútbol Club Barcelona, y que vuelve a hacer dudar una vez más al público español de la seriedad e imparcialidad de la federación.
La imparcialidad en las amonestaciones
En los últimos días ha resonado por gran parte de los periódicos la noticia de la imposición de una sanción al jugador del Real Betis Sergio Canales por criticar en una entrevista post-partido al colegiado Mateu Lahoz. El cántabro fue preguntado sobre su relación con Mateu, y éste respondió que intenta dirigirle la palabra lo menos posible, argumentando que su expulsión en Cádiz, obra del trencilla valenciano, fue premeditada.
En el partido en el Nuevo Mirandilla (minuto 97'), Canales preguntó al colegiado si podría añadir más tiempo, y la respuesta de Mateu fue mostrar la tarjeta amarilla al 10, añadiendo que si volvía a dirigirle la palabra sería expulsado, a lo que Canales contestó textualmente: ''Si no puedo hablar, entonces no me preguntes más por temas personales'', por lo que el árbitro le mostraría la que sería su primera tarjeta roja en su carrera deportiva.
Fuera del surrealismo de la misma expulsión, el enfado de los béticos llega cuando pueden ver que otros jugadores pueden realizar observaciones sobre las decisiones arbitrales bastante más arriesgadas o subjetivas a ser sancionadas y no reciben ninguna amonestación. Casualmente, son solo sancionadas cuando el jugador no está escudado por un club grande, sino que juega para un equipo con un prestigio bastante inferior.
Cuando es Martin Hongla, jugador del Valladolid, el que aplaude al colegiado sarcásticamente (vs Elche Jornada 24) se muestra la cartulina, pero cuando resulta ser Vinicius Jr el que insulta al colegiado gravemente, ''Hijo de...// Vete a tomar por...'' en palabras textuales del extremo brasileño (vs Osasuna Jornada 22), no recibe ni la cartulina amarilla.
Al igual que cuando es Canales el que piensa que la expulsión es premeditada, (y el jugador alega haber dicho ''premiditada'') la sanción es de cuatro partidos, pero al ser Carlo Ancelotti el que dice explícitamente en italiano que el colegiado se ha inventado un penalti (vs Girona Jornada 12) y lo justifica argumentando que la expresión utilizada en su idioma natal no tenía una connotación negativa, la sanción no se aplica.
Una sanción con seis años de retraso
La burocracia es lenta en España, pero definitivamente esta situación es de comedia. El 12 de enero de 2017, el Sevilla y el Real Madrid disputaron la vuelta de los octavos de final de Copa del Rey. Después de un contundente 3-0 en el Santiago Bernabéu, los sevillistas intentaron remontar en Nervión pero solo pudieron lograr un disputado 3-3.
En ese entonces, el capitán del Real Madrid era Sergio Ramos, ex-jugador del Sevilla FC y que cada vez que visitaba con el equipo merengue el Ramón Sánchez-Pizjuán, se veía envuelto en un ambiente de crispación, malestar y odio por parte de los ultras del equipo hispalense. En este mismo partido, los repetidos cánticos ofensivos hacia la leyenda madridista fueron denunciados por el Comité de Competición. El Sevilla presentó alegaciones y siguió presentando recursos que fueron desestimados por las distintas organizaciones judiciales, cada una tomándose un tiempo medio de un año para determinar el veredicto, hasta que finalmente las alegaciones fueron inadmitidas por el Tribunal Supremo seis años después de que se produjesen los hechos.
El Supremo dictaminó el cierre parcial de los sectores N11 y N12 (600 personas) durante un partido, por lo que la sanción se cumplirá frente al Celta de Vigo este Viernes Santo. Lo más triste del acontecimiento, es la demora del sistema judicial español para acabar dictando una sanción poco significante y que se cumplirá seis años después del hecho.
Es un sinsentido que se cumpla la sanción más de un lustro después, cuando en otros ámbitos como el de las irregularidades económicas, los hechos prescriban a partir de los tres años, imposibilitando la sanción deportiva al club, como ejemplo, no se podría sancionar de manera deportiva al FC Barcelona por el Caso Negreira.
En resumen, de nuevo la absurdidad y la imparcialidad se apoderan de la RFEF de nuevo, si es que ya no tenían control sobre la misma, en lo que se suma a otro escándalo más dentro de una lista con la que se podría escribir una novela.