Una mala gestión arrastra al desastre. Verdad arrolladora la que puede explicar lo acaecido con los Juegos del Mediterráneo de 2018. Son éstas competiciones realmente difíciles de impulsar por un poder de convocatoria reducido, tanto para deportistas como para inversores y aficionados. Los Juegos Europeos son otro intento más por segmentar la competición deportiva e intentar crear genéricos de los Juegos Olímpicos, una idea que parece abocada al fracaso a tenor de los resultados cosechados.
Sin embargo, hay entusiastas que siguen apostando por dar oportunidades a deportistas y crear fiestas del deporte de la nada. Alejandor Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y declarado entusiasta de estos eventos, dio el visto bueno al aplazamiento de los Juegos del Mediterráneo con sede en Tarragona. La ciudad catalana no puede afrontar la organización del evento para 2017 por problemas económicos. Así pues, se abre un nuevo período para la captación de fondos de inversión que faciliten la organización de esta cita.
Desde que fueron concedidos en 2011, los Juegos del Mediterráneo han sido un quebradero de cabeza para la ciudad de Tarragona. El alcalde de la ciudad, Josep Félix Ballesteros, reclamó quince millones al Gobierno estatal para poder afrontar la construcción de instalaciones pero no parecen haber llegado a tenor de la resolución final. "El proyecto no ha fracasado si conseguimos que los Juegos de 2018 sean unos grandes Juegos", dijo un Ballesteros que se muestra comprensivo con las dificultades financieras actuales, y señala a la falta de gobierno en España como la razón del retraso en la adjudicación de fondos.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó un comunicado en el que muestra su compromiso con el evento: "El compromiso del Ejecutivo con los Juegos del Mediterráneo de Tarragona ha sido indudable. El Gobierno ha consignado aportaciones económicas por valor de 6,4 millones de euros para la organización de los Juegos Olímpicos del Mediterráneo. Además, le ha otorgado al evento la calificación de “acontecimiento de especial interés” en los Presupuestos Generales del Estado, lo que supone que toda inversión privada destinada a su celebración podrá acumular exenciones fiscales de hasta el 90%", señaló.
El trasfondo político de esta problemática es notable, y vuelve a reabrir las dudas sobre el funcionamiento de las instituciones en el mundo del deporte en España, así como en el despilfarro de fondos públicos en eventos cuyo calado social es difuso.
