Más de 100 días con un país en funciones
Imagen del minuto de silencio por los atentados de Bruselas (Imagen: Uly Martín / El País)

Tras las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, y con dos investiduras fallidas de por medio, el poder ejecutivo y, por ende, el legislativo, se mantiene en algo que se podría equiparar a un coma inducido: trabaja lo justo y necesario para que todo siga funcionando una vez que se vuelva a la normalidad. España lleva en este estado más de cien días, y que podría mantenerse hasta el próximo mes de septiembre en el caso de adelantarse las elecciones. En total, han sido más de tres meses que han dado para muchos encuentros, desencuentros, polémicas y corruptelas que vamos a resumir en los siguientes párrafos.

Rajoy, el ganador derrotado

De las pocas conclusiones que se pueden sacar de la undécima legislatura, casi todas vienen desde Génova 13. La más clara es que Mariano Rajoy lo tiene más que difícil para volver a ser elegido Presidente del Gobierno. Y es que el líder conservador no cuenta con un solo punto a favor. De puertas hacia dentro, muy pocos son los líderes que se han posicionado a su lado más allá del mensaje institucional. Además, con el Presidente de Honor, José María Aznar, en su contra parece más fácil que las aguas bajen turbias. Esperanza Aguirre, otra de las voces más respetadas y escuchadas, no pasa una rueda de prensa sin que lance una flecha ardiendo. Las voces de renovación y de caras nuevas frente a la delicada situación del PP con la corrupción sí parecen un clamor, pese a que todos trataron de desmentir a Alberto Garre. Algunas de las últimas decisiones de la dirección popular tampoco ayudan a la credibilidad de Rajoy, que se vio puesto en entredicho una vez más cuando quiso mostrarse tajante con la corrupción mientras, al mismo tiempo, perdonaba la vida a Rita Barberá.

Foto: EFE
Foto: EFE

En las fuerzas de la oposición las cosas están mucho más complicadas todavía. Nadie ve en Rajoy o en el PP la imagen del cambio que tanto han anunciado los demás. Tan solo en Ciudadanos parecen dispuestos a dar su apoyo a la formación azul, y Albert Rivera no ha parado de repetir que “no con Rajoy”. Pero esa mayoría no es suficiente. Necesitarían obligatoriamente al PSOE, y no parece necesario recordar que eso está muy lejos de ocurrir (aunque haya un amplio sector socialista que lo desee). Con Podemos y los partidos nacionalistas, sus verdaderos antagonistas, ni siquiera se han sentado a tomar un café. Mucha gente se preguntará cómo es posible que el partido que ha ganado las elecciones no sea capaz de conseguir formar gobierno. Toca recalcar que, en un sistema parlamentario, solo gana quien consigue la mayoría suficiente para gobernar. El discurso contrario solo sirve para deslegitimar un gobierno mayoritario.

Del frentismo al frentismo

En el período de negociación se pueden distinguir dos fases muy bien diferenciadas. En la primera de ellas, Mariano Rajoy era quien intentaba formar gobierno (se entendía que lo tenía más fácil por tener más escaños que el resto). Su idea era una gran coalición entre PP y PSOE que incluyera, por alguna razón, a Ciudadanos. Quizá este último partido debía servir de mediador entre dos rivales históricos. Y así lo entendió Albert Rivera, que en todo momento instó a los socialistas a llegar a un acuerdo “constitucionalista y reformista”. Su discurso, siempre tirando por el lado patriótico y con sentido de Estado, estaba llamado a acabar con el frente entre socialdemócratas y conservadores “por el bien de España”. Esta pasión no fue correspondida por Pedro Sánchez, que decidió esperar al fracaso del PP para intentarlo por su cuenta.

Todos los partidos han rectificado su discurso varias veces estas semanasSin embargo, un inesperado giro de los acontecimientos digno del mismísimo Tarantino cambió todos los papeles por completo. Mientras los partidos de izquierdas negociaban con el PSOE, este partido firmaba un acuerdo con Ciudadanos que les llevaría, automáticamente, a fracasar en la investidura. Fracaso anunciado porque ni el PP contestaba la llamada de Rivera, ni Podemos la de Sánchez. Era un acuerdo que hacía imposible un pacto de izquierdas y una gran coalición (Rajoy no iba a apoyar un gobierno que no estuviera presidido por él mismo). Tras las dos votaciones, se abrió un período confuso donde los dos firmantes del pacto llamaban a sus más allegados ideológicamente. Pedro Sánchez, quien aspira en ese acuerdo a presidir el Gobierno, ha planteado una fórmula a priori inverosímil: PSOE, Podemos y Ciudadanos en el mismo gobierno. 

Inverosímil porque parece que Albert Rivera ha olvidado su sentido patriótico y mantiene un frente abierto con Podemos. No quería vetos en la gran coalición, pero con el partido morado no ha tenido reparos en calificarlo de etarra, chavista, antidemocrático y separatista. A cambio, sus vecinos de la acera de enfrente han mostrado una crisis de identidad equiparable al cambio en su discurso de estas semanas. Las tensiones internas han acabado con Sergio Pascual en la lona, e Íñigo Errejón muy debilitado en la dirección nacional. Tanto que, desde ahora, es Pablo Iglesias quien se sitúa al frente de las negociaciones con el PSOE. Porque, como Ciudadanos ya no es las NNGG del Partido Popular, se van a sentar a negociar a pesar del famoso acuerdo.

Foto: Emilia Gutiérrez | La Vanguardia
Foto: Emilia Gutiérrez | La Vanguardia

¿Qué factura pasarían unas nuevas elecciones?

Aunque no lo reconozcan, es evidente que todos los partidos, los que no tienen representación y los que sí, tienen un ojo puesto en unas hipotéticas nuevas elecciones. Queda solo un mes para que se vote un nuevo Presidente, y parece difícil que eso pase a día de hoy. Así que es normal que todos midan sus acciones y el impacto que tendrían electoralmente. El primero que debe medir cuanto le castigarán los electores es el Partido Popular; es cierto que no es el único partido con corrupción en los últimos meses, pero sus casos han sido los más escandalosos. Mientras en Madrid intentaban negociar un Gobierno, en Valencia era imputado casi todo el grupo municipal en bloque. Múltiples detenciones, la sombra de la corrupción sobre la cabeza de Rita Barberá, y una calificación de la Guardia Civil: organización criminal. Así, con esas palabras, fue bautizado el PP valenciano por los agentes encargados de la investigación. Poco antes, el partido había sido imputado por corrupción, también, por presuntos actos de organización criminal.

Otras elecciones aumentarían la crispación y polarizarían el votoOtro factor importante a tener en cuenta será culpar a alguien de nuevas elecciones. Todo dependerá de cómo entiendan los electores esta nueva situación, y quién la ha forzado. Todo apunta a que esta situación señalaría a Podemos y PP como principales tapones (la famosa “pinza”). El votante de centro premiaría a PSOE por su continua búsqueda de consenso, y a Ciudadanos se le podría valorar con el mismo rasero. Pero, con este análisis, los socialistas tendrían, al mismo tiempo, un problema con sus votantes más de izquierdas. El hecho de pactar con la “derecha” podría ser un lastre, aunque no muy importante teniendo en cuenta el sentido de Estado al que han apelado tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera.

A Podemos también le pueden acabar perjudicando unas nuevas elecciones. Su proyección de superar al PSOE podría irse al traste si hubiera otros comicios después de su crisis interna cada vez más aguda, y que amenaza con dividirlo como ya pasó con Syriza en Grecia. Las tensiones entre dos grupos muy definidos, “errejonistas” y “pablistas”, han llevado a la división interna e, incluso, la ruptura en lugares como Galicia. Por un lado, están los sectores más radicales que protestan por el viraje hacia la socialdemocracia realizado por Pablo Iglesias, y que no están nada de acuerdo con algunas de las decisiones tomadas por la dirección. Aquí podrían quedar encuadrados sectores de la izquierda anticapitalista, por ejemplo, y algunos de los más cercanos ideológicamente a Juan Carlos Monedero. Precisamente, ya hubo un aviso de desmembramiento cuando este salió de la dirección del partido.

En general, votar otra vez perjudicaría gravemente a la legitimidad democrática, que ya está quedando mal parada. Más allá de si subiría la abstención (todo apunta a que sí), la crispación de los electores castigaría a los cuatro principales partidos. Muchos votos de la izquierda regresarían a Izquierda Unida (que, según sondeos, regresaría a los 5 escaños) y otras fuerzas; UPyD volvería a obtener representación, y VOX sería uno de los más beneficiados a la derecha del PP. Sea cual sea el futuro escenario, solo hay una cosa segura: queda un mes. Si en ese plazo de tiempo el Congreso no vota un nuevo Presidente, la 11ª legislatura será la más corta de la historia y se abrirá un período todavía más nuevo. Ese nuevo momento histórico llegaría cargado de crispación, desilusión (sobre todo después de las expectativas puestas en el 20-D) y una mayor insostenibilidad del sistema. 

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