La justicia alemana ha puesto en libertad a Carles Puigdemont. La interpretación bien pudiera ser: España pierde, los independentistas catalanes ganan. Con la decisión de los tribunales germanos, el Estado de derecho en España queda en entredicho, avivando todavía más si cabe la tensión entre el Gobierno estatal y los soberanistas catalanes.
Eran muchos los columnistas y tertulianos que ya cantaban victoria cuando el ex President de la Generalitat fue detenido en territorio alemán como consecuencia de que las normas penales germanas eran parecidas a las que rigen el ordenamiento jurídico español. Fotos fraternales de las banderas españolas y la alemana circulaban por las redes sociales. Por fin parecía que iba a ser extinguido el incendio secesionista. El sueño de Puigdemont tornaba una pesadilla. Su mansión de Waterloo se ha había transformado en una celda de tres por tres en la que meditar. Pero conductas como la de sedición, que son inexistentes e impunibles en el caso del líder secesionista para la justicia alemana, hacen que Puigdemont quede libre y la justicia española acorralada y ¿desacreditada?
Es curioso ver cómo los criterios judiciales varían a la hora de aplicar la Ley. Una conducta punible en España no tiene por qué ser sancionada en Alemania. Personas que cometen los mismos delitos pueden tener distinto trato en función del país y ordenamiento jurídico en el que se encuentre el reo. Mientras Junqueras, Forn, Turull y el resto de ex Consellers siguen en la cárcel en España, sus colegas exiliados en Bélgica (Comin, Puig y Serret) han sido dejados en libertad sin fianza. Las leyes son parecidas pero no son aplicadas de la misma forma, una situación que genera disyuntiva, desconfianza y hasta un cierto replanteamiento del significado de la palabra justicia, tanto de forma superficial como extensiva, para averiguar la limitación y delimitación de este vocablo, elemento fundamental de las leyes, pues estas normas han sido creadas para establecer justicia en un determinado ordenamiento jurídico.
Campo de aplicación de los códigos que, al ser tan variado y extenso en función del territorio donde el reo se encuentre, un mismo delito puede ser interpretado y juzgado de distintas formas por las jurisprudencias de las naciones correspondientes. Mientras unos ordenamientos, como el de Bélgica, tienen un código penal más agudo y compasivo, facilitando que acusados como Puigdemont puedan salir del territorio, otras legislaciones como la de Alemania o España castigan las conductas del ex President, debido a sus leyes penales rígidas y preventivas, con la cárcel.
¿Dónde existe verdaderamente la justicia? ¿En Bélgica con sus penas livianas? ¿En Alemania? ¿En España? Tanta pregunta y confusión, genera desconcierto y relativismo. El diferente tratamiento de las leyes penales, como consecuencia de las distintas circunstancias que se dan en cada país genera vacíos legales llenos de lagunas, dotando a un reo de la etiqueta de inocente o de culpable en función de la bandera bajo la que se le juzgue. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Es entonces Puigdemont inocente o culpable? En cualquier caso, las discrepancias entre los marcos jurídicos generan una nueva grieta, una más, en la Unión Europea.
