Hoy por la mañana, la justicia alemana ha dictado sentencia, sobre la situación de Carles Puigdemont y ha constatado que el expresidente de Cataluña debe ser juzgado por malversación de fondos públicos y en ningún caso ve indicios de rebelión, motivo por el cuál el Tribunal Supremo Español tiene pretensión de encausar y agravar así la situación personal del exmandatario catalán.
Horas más tarde, el Tribunal Supremo de España ha afirmado que rechazaría la extradición de Puigdemont ya que considera que además del delito de malversación, también ve indicios de rebelión, lo que en otras palabras significa que debe demostrarse que el gobierno de Cataluña se alzó violentamente para querer tomar el control efectivo del poder; hecho el cual los alemanes no han visto indicios.
Otro tema por el cual se quiere castigar a Carles Puigdemont es el de la malversación de fondos públicos, por tanto, deben indicar en qué cantidades y con qué fines se ha invertido dinero público para conformar así el proceso de constitución de la supuesta república catalana. Unos meses antes, el ex Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro afirmó que el gobierno catalán no había utilizado ni un euro de dinero público para la celebración del referéndum del 1 de Octubre, ya que él mantenía el control sobre las cuentas catalanas; días más tarde modificó su discurso afirmando que si existía una posibilidad que el gobierno de Junts pel Sí, hubiese utilizado dinero público para sus propios fines políticos.
Ante tal situación, los recursos para condenar al expresidente se ven reducidos, ya que al rechazarse la extradición, la euroorden de búsqueda, captura y entrega hacia el exmandatario catalán queda totalmente anulada.
¿Y si la supuesta malversación de fondos públicos goza de legitimidad de una gran parte de la población, puede afirmarse que es malversación? ¿O bien se habla de malversación de fondos públicos para engordar así el hecho de que la Constitución española ha sido vulnerada por el gobierno catalán?
Cuándo hablamos de malversación de fondos públicos, lo relacionamos con Cataluña, ya que es un concepto que se ha mediatizado a raíz del proceso independentista relacionando a ambos, ya que se afirma frecuentemente que el gobierno catalán ha malgastado dinero público.
Debe hacerse hincapié ante tal situación, acaso no existen más tipos de malversación de fondos públicos? Podría parecer que no, ya que los medios no dan tanto bombo a otras cuestiones que los poderes fácticos no quieren que se difundan.
Donde está la indignación de los españoles ante otras malas gestiones de los recursos públicos, ya sea bien para rescatar autopistas, por la venta de infraestructuras públicas, como es el caso del aeropuerto de Ciudad Real que se vendió a un empresario chino por 10.000 euros. Estaríamos hablando de pérdidas infinitamente mayores de las que teóricamente hubiera gastado el gobierno catalán.
E aquí uno de los grandes problemas del país, en que los beneficios se privatizan y las pérdidas se publican, cargando directamente en las espaldas de las trabajadoras y trabajadores españoles.
Y que decir del rescate de los bancos por parte del Estado español, para solventarlos así ante su pésima gestión económica por haber jugado con los activos financieros de miles y miles de españoles unos años atrás, durante el boom inmobiliario.
Podemos encontrar otros ejemplos en los dos gobiernos de Aznar, en el que la red del AVE se extendió considerablemente, concediendo así licencias para la construcción de este a empresarios afines a la figura del Presidente, construyendo así vías de tren que pasan por pueblos de muy pocos habitantes.
¿En qué cabeza cabe ampliar el AVE teniendo en cuenta que apenas este es utilizado por la población?
Debe tenerse en cuenta además que los españoles somos de los ciudadanos europeos que menos utilizamos el tren, contrasta con el hecho de que somos de los países del mundo con una mayor red de trenes del mundo. Otra genialidad nacional.
No son pocos los españoles que esperamos que el Tribunal Supremo actúe y atribuya el delito penal de malversación de fondos públicos a los respectivos responsables políticos, que permitieron estas atrocidades públicas. La pasividad de la justicia española en estos aspectos, confirma una vez más, que la malversación de fondos públicos recae en términos puramente subjetivos y partidistas.
