El presidente del gobierno, Pedro Sánchez y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tenían claro que tras la formación del nuevo gobierno era necesario fomentar la sintonía y demostrar la posibilidad de diálogo institucional con Cataluña.
El concepto de capitalidad cultural y científica aparece por primera vez en la Carta Municipal de Barcelona, que se aprobó en 1998. En 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el municipal de Jordi Hereu firmaron el primer convenio, de 15 millones de euros. Años después esta cifra llegó a los 25,8 millones de euros, que fueron destinados a los equipamientos culturales y científicos ubicados en la capital catalana, tales como el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Liceu, la Fundación Dalí, el Museo Picasso o el Palau de la Música.
La entrada del PP en el gobierno acabó con este proyecto, que fue reavivado por Sánchez y Colau en el Salón de Cent del Ayuntamiento el pasado jueves. El acuerdo firmado tras la reunión de casi una hora no fija una cantidad exacta, pero sí explica que la cantidad debería estar en torno a la cifra del último convenio, es decir, los 25,8 millones de euros nombrados con anterioridad.
Pedro Sánchez prefirió no pronunciarse sobre la regulación de los alquileres, tratándose de un tema que ha causado controversia en los socialistas en las últimas semanas. “Cumpliremos lo pactado”, afirmó el presidente después de que Colau insistiera en que esta regulación forma parte del pacto entre PSOE y Unidas Podemos. Además, la alcaldesa aseguró que Barcelona está dispuesta a llevar el compromiso a la práctica.
En este sentido, Sánchez se comprometió a que la reunión del jueves con el presidente Quim Torra no se quede en simples palabras. Del mismo modo, asegura que hará todo lo posible para dar una respuesta positiva o plantear alternativas a las peticiones de los dirigentes de la Generalitat de estos últimos diez años.
La visita de Sánchez finalizó con una reunión con la nueva presidenta de la Diputación de Barcelona y también alcaldesa de l’Hospitalet, Núria Marín. Ambos dirigentes decidieron firmar un compromiso del Gobierno para el impulso de energías renovables en los distintos municipios. La institución recibirá la cifra de 11,5 millones de euros para instalar 150 placas fotovoltaica en edificios municipales y 30 de producción térmica a partir de biomasa hasta el 2030. Dicho acuerdo se enmarca en “las estrategias de transición energética para reducir los gases de efecto invernadero un 40% en el 2030 y lograr que las energías renovables representen el 100% del consumo en el 2050”, detalló la Moncloa.
También se abordaron cuestiones como la financiación de los municipios y la posibilidad de “flexibilizar” la regla de gasto para que las administraciones locales puedan reinvertir el superávit o los daños del temporal Gloria en el litoral catalán. Marín ofreció la posibilidad de que la Diputación ponga en marcha mesas de expertos, representantes de las localidades afectadas y de los ministerios para repensar la reconstrucción de los paseos marítimos devastados considerando fatores como la sostenibilidad.
