TC. ¿Quien impide el derecho a decidir?
Miembros del TC // Foto de: Europa Press

La tensión es la cara actual de Cataluña. Democracia en mano, el Estado español se permite de forma legítima y mediante la instrumentalización de la violencia, reprimir un derecho básico: votar.

Estos días se están llevando a cabo registros en sedes políticas, en ayuntamientos, bloqueos de páginas web, adjudicación de información y material del 1-O, detenciones, golpes, heridas y un listado interminable de lo que queda aún por realizar.

La independencia de Cataluña siempre ha sido un tema tabú por España, la diferencia radica en que en el 77, con el eslogan Llibertat, Amnistia y Estatut d'Autonomia la ciudadanía se manifestaba a sabiendas de la represión de los llamados grises. Años más tarde, muchas personas quedan atónitas ante la represiva respuesta estatal al ver y vivenciar tal realidad.

Hay quienes, aún legitiman la acción por parte del estado, venerando el Tribunal Constitucional y la democracia en la que vivimos.

Más allá de la democracia dibujada en el TC, las cuatro paredes institucionales y la burocracia es necesario replantearse quién y cuáles son los intereses de los partidos políticos y de sus integrantes en el mando, quien decide el "No". La democracia tal y como se está haciendo ahora, es una dejadez de la responsabilidad activa de cada uno de nosotros en manos de la élite cada cuatro años. Nos acomodamos en el derecho individual de movilizarnos solo cuando nos tocan a nosotros o a los nuestros y seguimos pidiendo permiso para hablar, para reivindicarnos, naturalizando la sumisión tras el papeleo y la espera que comporta la Ley Mordaza.

El no del Tribunal Constitucional aguarda perfiles como el de su presidente Juan José Gonzalez Rías, un conservador católico apoyado por el PP, que dejó huella al votar en contra de la aprobación del matrimonio homosexual en 2005, votar a favor de la desmovilización del 15-M y al votar en contra  de la aprobación de la asignatura de Ciudadanía en las escuelas, entre otras cosas.

Le sigue la conservadora Encarna Roca, propuesta por el partido social-demócrata CIU, que aún siendo catalana votó a favor de la suspensión de la Llei de consultes i el referèndum. Andrés Ollero Tassar, miembro de la Opus Dei y exdiputado del PP; Fernando Valdés del-ré, uno de los coordinadores del programa político del PSOE en 2004; Santiago Martínez Vares, propuesto en el año 2008 por el PP como posible candidato de la presidencia del Consejo General del poder judicial; Juan Antonio Xiol Ríos, afín al Partido Socialista; Pedro José González Trevijano, abiertamente anti-independentista, conservador y miembro del PP; Antonio Narváez Rodríguez, quien sustituyó a Enrique López, miembro del PP, el secretismo y la rapidez de su nombramiento a ocupar el cargo del TC es toda una intriga; Alfredo Montoya Melgar, ex diputado del PP; Ricardo Enrique Sancho, otro miembro del PP; Candido Conde Pumpido, miembro del PSOE y María- Luisa Balaguer, miembra del PSOE .

Como se puede observar, aún con la llegada de nuevos partidos y la supuesta escisión del bipartidismo en el top hay una clara repartición del poder perpetrada por el PP y el PSOE, cabe hablar del clientelismo interno que se produce en la escogencia de los miembros del TC y la falta por lo tanto de los principios de Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político sellados en la Constitución. Una estrategia en la que los dos partidos más abiertamente anti-independentista ganan a su favor votando en contra la simple libertad de decidir.

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