Para lo que algunos es una pelea de bar a altas horas de la madrugada, para otros es un acto de terrorismo y la Fiscalía del Estado pide penas de hasta 62 años de prisión por “agredir” a dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas en un bar del municipio navarro. El juicio contra los jóvenes de Altsasu comenzó el lunes 16 de abril y muchos denuncian la falta de garantías en la causa. Incluso organizaciones como Amnistía Internacional instan a que se retiren los cargos de terrorismo a los nueve encausados. Tres de ellos, además, han pasado más de año y medio en la cárcel de Soto del Real, en Madrid.
Los hechos se remontan a octubre del año 2016 cuando, después de una pelea entre las personas juzgadas y varios guardias civiles y sus respectivas parejas, se desencadenó la detención de los jóvenes y la confusión y manipulación por parte de varios medios de comunicación, que incluso aseguraban que “50 personas” habían agredido a estos agentes, demostrándose días después la falta de veracidad de este tipo de informaciones.
Desde la plataforma 'Altsasuko Gurasoak' aseguraban durante una de las manifestaciones más numerosas de Iruña en los últimos años que no tenían muchas esperanzas puestas en el juicio ya que desde el principio no han admitido ni las “pruebas” de la defensa ni la “recusación" de la magistrada. Califican como “calvario” el año y medio que han pasado estos padres que han encontrado apoyo en una ciudadanía que, según ellos, ha percibido la sensación de “injusticia” que se lleva respirando en el ambiente durante mucho tiempo. También han recibido el apoyo del Gobierno de Navarra y de grupos como Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, Izquierda-Ezkerra y los sindicatos CCOO, ELA y LAB, que durante la manifestación del pasado 14 de abril ya mostraron su apoyo a los encausados.
Desde la Fiscalía se piden un total de 375 años de cárcel más una indemnización de 41.000 euros y además, la Audiencia Nacional decidió no admitir la mayoría de las pruebas que la defensa de los jóvenes de Alsasua presentó. Por si fuera poco, la magistrada que instruye el caso, Concepción Espejel, está casada con un alto mando de la Guardia Civil. La presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ayudó a considerar que las atrocidades cometidas por Antonio González Pacheco no se trataban de torturas y que los delitos que hubiesen se prescribiesen.
Durante estos dos primeros días del juicio (que durará hasta el 27 de abril) ya han declarado varios implicados en el proceso. El primero en declarar, Jokin Unamuno, negó haber insultado a ningún agente ni a sus acompañantes, tan solo se quejó de una “multa” que le pusieron. Por su parte, Adur Ramírez, otro de los jóvenes, declaró que durante la madrugada en la que se produjeron los hechos él "no" estaba en el bar Koxka y que se enteró de los acontecimientos “a la mañana siguiente”.
Por su parte, uno de los guardias civiles ha reconocido a Adur Ramírez como uno de los chicos de “rojo” que participaron en la agresión y una de las parejas de uno de los agentes ha admitido que el ambiente en el bar cambió "cuando Jokin entró”, ya que se “encaró” directamente con el sargento. A pesar de todas las declaraciones, se podrían poner en duda si el tribunal admitiese alguna prueba de la defensa, como por ejemplo documentos que demostrasen que Adur Ramírez, el día de la pelea, no iba vestido rojo sino que de negro.
Habrá que esperar a la resolución final para saber con certeza cuál es el dictamen, mientras rondan muchas preguntas en las cabezas de miles y miles de ciudadanos: ¿es terrorismo una pelea de bar? ¿Tiene esto algo qué ver con una campaña de criminalización mediática? ¿El Tribunal que juzga el caso está siendo parcial?
