Quién lo iba a decir hace un año. El Levante UD, entrenado por Muñiz, era líder destacado de la Segunda División Española y el ascenso se veía muy cercano. A día de hoy, el asturiano ya no es el entrenador del club granota y se verá en los tribunales con él tras no llegar a un acuerdo para el finiquito que corresponde al asturiano, despedido el pasado 4 de marzo tras una mala racha de resultados.
El conflicto resulta de la temporada de contrato que Muñiz todavía tenía firmada después de su renovación el verano pasado. Tras el brillante ascenso a Primera División, el asturiano renovó automáticamente a causa de una cláusula que establecía que, en caso de ascenso, su contrato como entrenador de la primera plantilla se prolongaría una temporada más. Sin embargo, la dirección deportiva quiso premiar el buen hacer deportivo y la campaña realizada por los granotas ofreciéndole una ampliación de su contrato.
En este sentido, Muñiz aceptó la propuesta del Levante UD y su contrato y ciertas condiciones variaron. El ex técnico pasó a tener un contrato de dos años que finalizaba en junio de 2019, con dos millones de euros como cláusula de rescisión, un millón más de lo que tenía fijado hasta entonces. Este pasado mes de marzo, Muñiz era despedido como técnico y la dirección deportiva decidió abonarle el finiquito correspondiente a lo que le quedaba por cobrar de esta temporada. En cambio, se negaron a pagarle el millón de euros que le corresponde por la próxima temporada, reflejado en el contrato.
Por la parte del entrenador se reclamó esta cantidad, pero el club se aferra a un supuesto pacto verbal en el que el entrenador aseguraba que de ser despedido esta temporada no reclamaría esa cantidad. Después de varios intentos inútiles por llegar a un acuerdo, el caso llegó a Mediación, Arbitraje y Conciliación (requisito previo para acudir a la justicia) sin llegar a ningún acuerdo. La justicia dictará si la entidad granota debe abonarle ese millón de euros a Muñiz.