El pasado 19 de julio de 2023, la sección de apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la sentencia de la Audiencia de Almería, por la que se condenó al futbolista del Celta de Vigo, Santi Mina, a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual.

Tal y como afirma la resolución del TSJA, se aceptan como probados los hechos relativos a los abusos sexuales que tuvieron lugar en julio de 2017 y que terminaron con la condena del jugador.

El ya exjugador del conjunto celeste tratará de agotar su último recurso ante el Tribunal Supremo para evitar la entrada en prisión.

¿Cómo se ha desarrollado el procedimiento ante el TSJA?

La abogada de Santi Mina interpuso recurso, basando la defensa del jugador en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al entender que los jueces de la Audiencia de Almería no fueron imparciales, valorando las declaraciones de la víctima pese a que esta incurrió en contradicciones durante su declaración. De forma adicional, la defensa se basó en el hecho de que la víctima actuase animada por la obtención de una indemnización económica. 

No obstante, el TSJA no ha admitido las alegaciones presentadas relativas a las contradicciones de la víctima en su declaración. El Tribunal considera que su relato ‘‘carece de contradicciones relevantes en los aspectos esenciales’’ e indica que el testimonio de la víctima ‘‘nos parece fiable, apreciando que persistió en su incriminación y aunque, en efecto, añadiese hechos nuevos en su segunda declaración, hemos descartado que este extremo tuviese relevancia’’.

Respecto a la indemnización económica, la Audiencia de Almería la cuantificó en 50.000 €. En el recurso, ambas partes recurrieron esta decisión: la víctima pedía que aumentase hasta los casi 117.000 €, mientras que el condenado pedía su reducción hasta los 2.000 €. Finalmente, el TSJA la ha reducido hasta los 25.000 €, basándose en un criterio de proporcionalidad respecto a otros supuestos de las mismas características. A la hora de cuantificar la indemnización también se han tenido en cuenta factores como la fugacidad de la conducta enjuiciada, el deseo manifiesto de la víctima en su primera declaración judicial de no percibir indemnización y la entidad de las secuelas reflejadas en el informe pericial de la psicóloga forense.

Santi Mina entrando a la Audiencia Provincial de Almería para prestar declaración.

¿Puede Santi Mina recurrir la decisión adoptada o deberá aceptar su condena y entrar en prisión directamente?

La defensa de Santi Mina ya ha anunciado que interpondrá recurso ante el Tribunal Supremo, agotando su última vía para tratar de eludir la condena. 

La forma de recurrir la condena sería a través de la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, este es uno de los recursos más complejos desde un punto de vista procesal y, en la mayor parte de ocasiones, ni tan siquiera son admitidos a trámite.

El TSJA ya ha rechazado los argumentos relativos a una conducta no imparcial por parte de la Audiencia de Almería, así como los relativos a la declaración contradictoria por parte de la víctima por lo que augurar una cierta prosperidad al recurso de casación que presente la defensa del jugador del Celta es, cuando menos, altamente complejo.

Por otra parte, la defensa de la víctima también ha anunciado que solicitará la entrada en prisión de forma preventiva del condenado para garantizar el cumplimiento de la pena impuesta. Tampoco descarta la presentación de un recurso de casación al no estar totalmente conforme con la indemnización establecida por el TSJA en concepto de daños causados a la víctima. 

Santi Mina durante el juicio en la Audiencia Provincial de Almería. 

¿Puede el Celta de Vigo rescindir el contrato con el jugador de forma unilateral?

El artículo 13 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores es claro a la hora de establecer que ‘‘un contrato entre un jugador profesional y un club podrá rescindirse solo al vencimiento del contrato o de común acuerdo’’. A priori, de la simple lectura de este precepto, podría deducirse que los contratos entre clubes y jugadores profesionales tan solo puede finalizar de mutuo acuerdo o una vez transcurrido el periodo pactado.

Sin embargo, el artículo 14 RETJ establece la posibilidad de rescindir los contratos en caso de existir una causa justificada, pudiendo llevarse a cabo dicha rescisión por cualquiera de las partes sin ningún tipo de consecuencias.

Por lo tanto, es evidente que el Celta de Vigo puede rescindir el contrato con el jugador, amparándose en la existencia de una causa que justifica dicha resolución, al haber sido refrendada por el TSJA la condena de 4 años de prisión impuesta en su día por la Audiencia de Almería.

No obstante, cabe esperar que el delantero español defienda sus intereses y, en caso de no alcanzar un acuerdo en el acto de conciliación, recurra a la justicia ordinaria reclamando el pago de la cantidad correspondiente a la duración del contrato que ha sido extinguido de forma unilateral.

Sería entonces la justicia la que, una vez escuchadas las alegaciones de ambas partes, tendría que determinar si existe o no justa causa a la hora de resolver el contrato de forma unilateral. Teniendo en cuenta la gravedad de la conducta realizada por el jugador y las consecuencias penales de la misma, todo parece apuntar a que la rescisión del contrato ejecutada por el conjunto vigués estaría totalmente amparada por la existencia de una causa justificada a las que hace alusión el artículo 14 RETJ.

En definitiva, la ratificación de la condena impuesta al jugador español por parte del TSJA es un duro golpe para los intereses del mismo. Es altamente improbable que, dadas las circunstancias y los hechos acontecidos, el Tribunal Supremo pueda dictar una resolución a través de la cual el futbolista pueda evitar su entrada en prisión.

Todo parece apuntar a que el jugador deberá cumplir su condena. Tal solo queda descifrar la incógnita de si entrará en prisión preventiva o si, por el contrario, todo quedará supeditado a la resolución del futuro recurso de casación que se interponga ante el Tribunal Supremo.

 

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